Viernes 04 de abril de 2014
Fuente: diariolibertador.com
TANUMÉ.- Dando cumplimiento a una resolución del Juzgado de Garantía de Pichilemu, a principios de esta semana se hizo efectiva la orden de desalojo de los hermanos José Alejandro, Julio Antonio y Ramón Antonio Cordero Pérez, quienes son parte de un reconocido asentamiento marero y cuya familia ha trabajado por más de 40 años en la recolección de algas en la playa Los Huachos, en el sector de Tanumé. Para cumplir la orden judicial, al menos 15 funcionarios policiales, encabezados por el jefe de la Tercera Comisaría de Pichilemu, mayor Juan Mena Jarpa,
Según informó el abogado de la parte denunciante, Raúl Huerta Reyes, las acciones legales se iniciaron por la supuesta "mala convivencia" que los algueros habrían mantenido durante el último tiempo con la familia Aspillaga-Rodríguez, que los llevó a comenzar un juicio en el año 2012 para sacarlos del predio de más de 600 hectáreas que limita con el mar.Tras una larga conversación, los algueros de la playa Los Huachos, sin oponer resistencia, vieron con impotencia como sus "rucos" (habitáculos construidos en forma precaria para pernoctar) eran desarmados, sin poder revertir la situación.Uno de los afectados, Julio Cordero Pérez, dijo que "lo que yo no entiendo es por qué no se está respetando la servidumbre de pesca, porque son ocho metros los permitidos según la ley para que nosotros podamos realizar nuestro trabajo, porque no se puede trabajar, ir y volver cada día es imposible por la cantidad de kilómetros que hay que recorrer".
En el lugar también se encontraba una antropóloga social Sofía Hernández quien explicó que "esta es una ocupación histórica de este territorio, viene ligado a una identidad, un grupo de personas, familiares que son descendientes históricos de los primeros habitantes de la zona, del borde costero de la región, ellos acá llevan a cabo sus prácticas que son mariscar, hacer la cosecha del cochayuyo, todo el proceso y han vivido siempre así, ligados al mar y en los rucos que son estas construcciones de temporada que se hacen de septiembre a mayo".
La familia Cordero Pérez, es parte de los 470 recolectores de orilla, algueros y buzos de apnea que están registrados por Sernapesca (Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura).Durante 25 años vivieron con autorización de la dueña del predio en un lugar privilegiado de esta zona costera, pero luego de la muerte del padre de los desalojados, se les solicitó mediante el tribunal que abandonaran el lugar. La familia de algueros se trasladó a la orilla de la playa y entre las rocas instalaron sus asentamientos, desde donde siguieron trabajando en la recolección de las algas. Hace unos meses el abogado Raúl Huerta Reyes, en representación de la Agricola y Forestal Quincheumo, solicitó al Juzgado de Garantía de Pichilemu que la familia fuera lanzada con auxilio de la fuerza pública, debido a que ocupaban terrenos privados. El juez de Garantía, Rafael Moreno, resolvió dar curso al desalojo y fundó su requerimiento en un oficio entregado por la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), que señala que los demandados estarían emplazados en construcciones ilegales, que no tienen el carácter de provisorias, sino que por el contrario, son construcciones que habilitan para pernoctar, en abierta contradicción con las normas establecidas en los artículos 613 y 614 del Código Civil. Mientras trabajadores contratados por la parte demandante desarmaban sus "rucos", los algueros comentaron que se quedarían en la playa, de donde, dijeron, "nadie los podrá sacar, ya que según la ley estos sitios son de uso público y sobre todo, es un lugar donde se debe hacer cumplir la servidumbre de pesca".
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| Algueros en sus labores de recolección, atrás se aprecian sus viviendas. |
Denuncia del Grupo de Investigación de la Pesca Artesanal y Sociedades Costeras de la UAHC:
Desalojan asentamiento de pescadores artesanales algueros en la región de O´Higgins
A menos de un mes de que la presidenta Michelle Bachelet asumiera su cargo y el designado subsecretario de pesca Raúl Súnico comprometiera un irrestricto apoyo a la pesca artesanal, en la costa de la comuna de Pichilemu, en la región de O´Higgins, un pequeño asentamiento llamado “Los Huachos” fue desalojado por la fuerza pública.
La acción llevada a cabo por Carabineros tuvo por efecto el desalojo de las familias que ahí se encontraban y al desarme de la infraestructura ocupada por los pescadores en sus labores productivas. Más de treinta efectivos policiales y trabajadores contratados por los dueños del fundo procedieron a hacer efectiva la orden judicial, la cual estuvo basada en una interpretación errónea de un documento de la Capitanía de Puerto de Pichilemu, según señalan algunas fuentes directas.
Yolanda Cordero, madre y trabajadora de este sector, relata con dureza los momentos vividos durante el desalojo: “Estábamos en los 8 metros, y fueron con contingente de carabineros y todo a la playa. Fue una persecución por venganza contra nosotros. Pero ellos nos desarmaron todo, fueron con diablos, martillos, trabajadores, y muchos carabineros, incluso de civil, fue bien atemorizante. Pero nosotros en realidad no podíamos ponernos a pelear con carabineros. Ellos hasta pasearon por la playa, fue bien humillante. Nos desarmaron todo cargando tres camiones y nos tiraron fuera del fundo”.
Relata, además, las condiciones con las que deben lidiar las familias, cuestión que se agudiza aún más con este desalojo: “Nos afecta terriblemente porque es lógico que nosotros no podemos viajar desde Pichilemu todos los días, el cuerpo no nos da. Son más de 50 kms., tenemos que tener vehículos, y no todos tenemos vehículos todos los días. Es vivir incómodo, no tener agua potable, ni comodidades, trabajas duro, y más encima nos quieren obligar a viajar todos los días. Ahora justamente no hemos terminado la temporada, tenemos cochayuyo negro, colorado, todo tendido y nos están dañando terriblemente. Es una injusticia.
Una historia que no es nueva: Los algueros y los dueños de fundo.
La recolección de algas en la costa de la región de O´Higgins, es una práctica ancestral con fuerte arraigambre local y motor económico de un sinnúmero de familias que viven y se sustentan de la actividad recolectora. Sin embargo, esta actividad socioeconómica descansa sobre una triste historia de la relación entre algueros y dueños de fundo, incluida violencia patronal al más puro estilo del “Señor de la Querencia”.
Eduardo Cordero, alguero y dirigente del sector Los Huachos nos cuenta parte de esta historia: “La historia parte del cómo llegamos acá, es una historia de los cambios que se van produciendo, por los procesos mismos que ha vivido el país. Aquí empezamos a trabajar cuando estaba finalizando el gobierno de Allende. Luego vino el Golpe de Estado y viene otra etapa. En el gobierno militar lo toma CONAF y se hace cargo del fundo y del acceso. CONAF empezó con las restricciones. Dijeron que teníamos que salir y que nos daban un pedazo de tierra lejos, nos daban madera para construir pero lejos. Así que nos hicieron las rucas arriba, pero luego nos puso restricciones. Cuando llovía no podíamos pasar por el camino. Aguantamos y cuando vuelve el gobierno democrático, se entregó a la dueña que está hoy día. Ella llegó con buena disposición, hizo una casa y de ahí por varios años teníamos excelente convivencia. Nos prestaba llave de predio, y cocinábamos con leña. Luego la señora nos puso restricciones, tenemos una carta del cómo tenemos que habitar acá en la playa, un reglamento draconiano, con restricciones del cómo tener comportamientos en la playa, y la señora puso llaves. Nosotros le contamos a las autoridades, y no vinieron a ver”.
Esta es una situación histórica que guarda muchos malos recuerdos, señala Eduardo, y dice que “ahí empiezan a aparecer los fantasmas antiguos antes de que llegáramos, a nuestros viejos lo apresaban y seguían, los echaban”.
Fabiola Miranda, investigadora del Grupo de Investigación de la Pesca Artesanal de la Escuela de Antropología de la UAHC, quien ha trabajado en las caletas y asentamientos algueros del sector costero de las comunas de Pichilemu y Paredones, hace hincapié sobre la profunda problemática social instalada en el territorio: “Esto es un caso histórico con el que deben coexistir los pescadores artesanales algueros y algueras en la VI región. La falta de regularización sobre derechos de los trabajadores y trabajadoras del mar en cuanto al acceso efectivo a su lugar de trabajo, derechos mínimos de servicios básicos como acceso a baño, agua potable y luz, son elementos que al no estar regularizados dejan alrededor de 300 familias desprovistas de un trabajo, ingresos y respaldo social mínimo.“
Por otro lado, la antropóloga señala que “estos hechos no pueden seguir siendo silenciados como ha sucedido hace más de un siglo, donde la quema de rucos, los azotes a recolectores de orilla para evitar su acceso al trabajo, han sido temas invisibilizados.”
Por último, manifiesta que uno de los mayores problemas son las trabas a la actividad pesquera artesanal, “tema que debiera preocupar a las autoridades pues la mayor cantidad de exportaciones de algas que se realizan en el país es precisamente en esta región. Es urgente que se pronuncien las autoridades, ya que por un lado esto no permite el control productivo y territorial de parte de las comunidades de pescadores artesanales; y por otro,las recomendaciones de organizaciones internacionales apuntadas a superar la pobreza en la pesca artesanal, es el garantizar el acceso equitativo a la pesca y con esto lograr sostenibilidad de los recursos y del ámbito laboral, y con este tipo de prácticas no se logra.”
Mal precedente para un futuro incierto
Por su parte, Genaro Guerrero, dirigente de la CONDEPP, mostró su preocupación por esta situación ya que “no deja de ser un aliciente al resto de los dueños de predios, porque lo único que quieren acá en esta parte es que nosotros salgamos de la orilla, donde trabajamos desde tiempos inmemoriales”. Para el dirigente este desalojo forma parte de una estrategia para sacar a los pescadores orilleros: “el empeño aquí, es lisa y llanamente hacernos desaparecer de la orilla del mar. Antes había pasado, han habido abusos de destrucción y quemas de rucos, quizás dentro de la figura de delito criminal. En un fundo una vez destruyeron unas rucas, en varios asentamientos ha pasado.”
La situación sienta un mal precedente para la pesca artesanal en Chile, puesto que el desalojo se encuentra al margen de la ley, vulnerando los códigos 612 y 613 del Código Civil con respecto a la servidumbre de pesca. Estos establecen que a partir de la línea de la más alta marea, pueden hacer uso efectivo pescadores, algueros y recolectores hasta los ocho metros en tierra.
En tanto, el concejal de Paredones (PS) y alguero, Emiliano Guerrero, señala que “ha sido todo muy complicado. He sido dirigente toda mi vida de los pescadores artesanales y soy pescador artesanal. Es una brutalidad tremenda cuando el fundamento es un error, porque carece de fundamento jurídico“. El miembro del concejo comunal de Paredones manifestó sus dudas con respecto a este hecho, señalando “yo pienso que es la punta del iceberg para sacarnos. Es el comienzo para el desalojo de pescadores artesanales y recolectores de algas”.
En relación a la cantidad de familias que se podrían ver afectadas, Guerrero manifestó que “aquí en los 110 km de costa que tenemos en la VI región hay mas o menos 15 asentamientos de recolectores de algas y la verdad es que hay sectores muy numerosos donde hay doce o trece familias por sector y hay alrededor de unas 300 familias en la recolección de algas.”
Por último, con respecto al pronunciamiento oficial sobre el desalojo señaló que hasta el momento no ha habido autoridades, ni de gobierno ni del municipio, que se hayan pronunciado respecto a esta problemática.
La pesca artesanal viene sufriendo una profunda crisis que se viene acrecentando hace más de dos décadas, sumado a una creciente problemática territorial que tiene a comunidades costeras expectantes sobre su futuro. Esperemos, por el bien común de nuestras localidades pesqueras, que las autoridades se pronuncien sobre este hecho y el tema se ponga sobre la mesa, valorando de esta manera tanto el trabajo de recolectores y algueros como su cultura e historia.
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